Introducción

Los mercados de carbono surgen como una herramienta para enfrentar la crisis ambiental generada por la emisión de gases de efecto invernadero y otras razones[1]. Por tanto, estos mercados surgen de la idea de apuntalar la colaboración de las naciones, empresas e individuos para reducir los niveles de contaminación, en medio de las propuestas de desarrollo sostenible y crecimiento económico.

En los mercados de carbono los emisores de gases de efecto invernadero adquieren créditos de carbono y derechos de emisión de carbono equivalentes a las emisiones que han generado y los compensan con los titulares de los proyectos que han reducido, secuestrado o evitado emisiones. Estas emisiones provienen del dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y otros gases. 

Un crédito de carbono es un título o certificado que representa la reducción, secuestro o eliminación de emisiones. Un derecho de emisión es un permiso o autorización regulado por un sistema de comercio de emisiones. Un crédito de carbono equivale a una tonelada de un gas de efecto invernadero que ha sido reducido, secuestrado[2] o evitado. Los mercados de carbono son sistemas regulados o voluntarios en donde las naciones, las empresas y los individuos tienen la oportunidad de intercambiar créditos de carbono y derechos de emisión de carbono[3].

En países como Venezuela los mercados de carbono pudieren considerarse en estos momentos de escaso interés y relevancia; sin embargo, su importancia no puede ser desestimada. Por esta razón, nos daremos a la tarea de esbozar sus aspectos fundamentales en las próximas líneas.

 

Características de los mercados de carbono

Los mercados de carbono crean incentivos económicos para que las naciones, empresas e individuos reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero al asignarles un costo financiero en un esquema de acción climática. De igual forma, estos mercados fomentan las inversiones en tecnologías transformadoras con componentes bajos en carbono y soluciones de captura y almacenamiento.

Los compradores de créditos de carbono y derechos de emisión de carbono suelen ser empresas que generan emisiones de gases de efecto invernadero y buscan neutralizar su impacto. Por su parte, los vendedores de créditos de carbono comúnmente son empresas que implementan soluciones en proyectos para reducir emisiones o capturar y almacenar carbono, como por ejemplo, instalaciones de energía renovable, proyectos en materia de reforestación y gestión sostenible de suelos y acuíferos.

Estos mercados de carbono cuentan además con el potencial de captar financiamiento para proyectos en materia ambiental con destino a los países emergentes, contribuyendo así a reducir el déficit de financiamiento existente en estos proyectos.  

Los créditos de carbono pueden ser considerados activos financieros susceptibles de ser transados en el mercado. Para ello, hay fondos de inversión cotizados en las bolsas de valores (ETFs[4]) que ofrecen a los inversionistas contratos de futuros de créditos de carbono. Existen también diversas plataformas financieras (fintechs) como Carbonplace[5] que ayudan a los compradores y vendedores a realizar transacciones de créditos de carbono.

 

Los mercados regulados de carbono

Los mercados regulados de carbono son sistemas obligatorios de reducciones de emisiones de gases de efectos invernadero. Estos mercados están sometidos a un régimen de intervención estatal a través de la vigilancia, supervisión, fiscalización, cumplimiento normativo, autorizaciones e imposición de sanciones. En estos mercados los estándares obligatorios y la calidad de los créditos son aspectos vitales.

Los mercados regulados fueron consagrados por primera vez a escala internacional en el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1997, el cual ha sido progresivamente reemplazado por el Acuerdo de París de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas de 2015. Ambos tratados forman parte del ordenamiento jurídico en Venezuela a través de las respectivas Leyes aprobatorias[6] [7]. Asimismo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tiene un Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) desde 2016, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a las líneas aéreas comerciales y cuyo objetivo es compensar el crecimiento de las emisiones procedentes de los vuelos internacionales.

El régimen regional más conocido de estos mercados regulados es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de la Unión Europea (RCDE) de 2005[8]. Este régimen es el mayor por el valor de mercado y recaudación. Sin embargo, el mayor en volumen de emisiones es el Sistema Nacional de Comercio de Emisiones de China (CNSE) de 2021. Igualmente podemos mencionar al UK Emission Trading Scheme del Reino Unido creado en 2021, luego de su salida de la Unión Europea.

A nivel nacional el caso más reciente de mercado regulado que conocemos es el de Brasil en 2024. Por otra parte, a nivel estadal, no podemos dejar de mencionar los casos de California de 2006 y Washington de 2021 en los Estados Unidos.

 

Los mercados de carbono en el Acuerdo de París

El Acuerdo de París establece el marco general para la cooperación de las naciones en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y les permite intercambiar créditos de carbono y derechos de emisión de carbono generados por la eliminación, secuestro o reducción de emisiones.

El artículo 6.2 del Acuerdo de París prevé la posibilidad de que las naciones participen de forma voluntaria en propuestas cooperativas para utilizar resultados de mitigación transferidos internacionalmente con el fin de cumplir con sus metas. El artículo 6.4 del Acuerdo de París contempla un mecanismo regulado para la generación y el intercambio de unidades de reducción de emisiones con el propósito de aumentar los esfuerzos de mitigación y promover el desarrollo sostenible. Este último mecanismo tiene el propósito de facilitar la generación de créditos de carbono.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Bakú (COP29) de 2024 se lograron algunos avances para contar con un mercado global centralizado, mediante la reducción de emisiones reales y verificables. Además, las naciones convinieron en que los proyectos cumplan con controles ambientales y salvaguardas de derechos humanos. 

 

Los mercados de carbono en el Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto preveía una serie de instrumentos de mercado, conocidos como mecanismos de flexibilidad, para contribuir a cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones. Estos mecanismos eran: el mecanismo de desarrollo limpio, el mecanismo de aplicación conjunta y el comercio internacional de emisiones. Es de destacar que este Protocolo fue el primero en establecer las bases para la compra-venta de permisos de emisiones de gases de efecto invernadero a escala global. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Glasgow (COP26) de 2021 se estableció un período de transición para los proyectos y unidades generadas por los mecanismos establecidos en el Protocolo de Kyoto. El COP26 otorgó un plazo adicional hasta 2025, para que los proyectos existentes puedan registrarse en el régimen del Acuerdo de París, a instancia de las naciones involucradas.

 

Los mercados voluntarios de carbono

Los mercados voluntarios de carbono son sistemas donde la participación de compradores y vendedores es privada y regida por las normas del Derecho Mercantil, sin estar sujetos a un marco regulatorio de intervención estatal. Los mercados voluntarios tienen una importancia que no alcanza a la de los mercados regulados.

Estos mercados de carbono funcionan a través de la compra-venta de unidades de carbono que están representadas en certificados de reducción, secuestro o remoción de gases de efecto invernadero como instrumentos transferibles de inversión. En principio, en los mercados voluntarios no existen estándares obligatorios y la calidad de los créditos puede variar significativamente.

Estos mercados pueden igualmente estar motivados por los compromisos de las empresas en materia de responsabilidad social y temas reputacionales, en particular de aquellas que cotizan en bolsas de valores.

 

Algunas críticas a los mercados de carbono

Los mercados de carbono han servido para el lavado de imagen verde (“greenwashing”[9]) de algunas empresas, tanto en los mercados regulados como en los voluntarios. El lavado de imagen verde tiene lugar en los casos en que las empresas utilizan los créditos de carbono y los derechos de emisiones de carbono como una manera de parecer responsables con el ambiente sin realizar cambios sustanciales en sus actividades.

Las compensaciones en las emisiones de carbono han constituido también un obstáculo para llevar adelante acciones reales contra el cambio climático, provocando daños a las comunidades y los ecosistemas expuestos a las industrias extractivas como la de los hidrocarburos, entre otras industrias. Y debido a la falta de reglas claras de adicionalidad, se han otorgado créditos a empresas que de cualquier forma habrían reducido sus emisiones, trayendo como consecuencia que el mercado de carbono sea menos eficaz y confiable.

En algunos casos la falta de transparencia en la comercialización de los créditos y derechos puede generar incertidumbre sobre su autenticidad. Además, la falta de monitoreo y de auditorías independientes debilitan la integridad del sistema, lo que puede significar la doble e incorrecta contabilización de la reducción de emisiones.

 

Distinción entre los mercados de carbono y el impuesto sobre el carbono

 Los mercados de carbono y el impuesto sobre el carbono no guardan una relación directa y pueden o no coexistir en una determinada comunidad de naciones, país, estado o municipio, en atención a decisiones de políticas públicas.

El poder tributario tendrá la potestad de establecer el impuesto sobre el carbono mediante la promulgación de la Ley respectiva, como parte de una política de fomento a la transición energética, la preservación y defensa del ambiente y la adopción de nuevas tecnologías. Generalmente se le define como un impuesto, sin embargo, su verdadera naturaleza pudiere ser la de una tasa o contribución especial en la más conocida clasificación de los tributos[10].

Este tributo debe estar diseñado para alentar a los contribuyentes a reducir la producción y consumo de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, aun cuando ello pudiere influir negativamente en el crecimiento económico.

En esencia, el impuesto sobre el carbono grava las actividades de producción, procesamiento, venta, importación o autoconsumo de petróleo, gas natural y carbón y sus derivados. La recaudación donde se halla el menor número de contribuyentes es considerada la más eficiente, por ejemplo, al nivel de los proveedores de carbón, los procesadores de gas natural y los refinadores de petróleo. Ahora bien, el impuesto pudiere gravar también a toda la gama de consumidores de servicios eléctricos, calefacción, gasolina, diesel, kerosene y jet fuel, entre otros.

Su tributación puede traducirse en el aumento de los precios de ciertos bienes y servicios, particularmente de los asociados a la energía en toda la cadena de valor, a la par que se reducen las emisiones.

 

Conclusiones

Los mercados de carbono bien implementados ofrecen una alternativa válida para responder a los complejos retos ambientales del mundo de hoy. Estos mercados son sistemas donde los distintos actores (naciones, empresas e individuos) compran y venden créditos y derechos de emisión. Con ello se pretende incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como fomentar la inversión en nuevas tecnologías, la optimización de los procesos productivos, los esfuerzos de conservación y reforestación, y otras iniciativas como la captura y almacenamiento de carbono.

Estos mercados se dividen en dos categorías, el mercado de carbono regulado, donde las transacciones están vinculadas a regulaciones gubernamentales que imponen límites a las emisiones, y el mercado de carbono voluntario, donde se negocian créditos y derechos de forma privada. Los mercados regulados son más conocidos que los mercados voluntarios y de un impacto económico superior debido a las cantidades que allí se pactan. Por tanto, cuando se haga referencia a los mercados de carbono, hay que tener claro a qué tipo de sistema se está haciendo referencia, dado que varía su funcionamiento y marco regulatorio.

Los mercados de carbono desempeñan un papel fundamental para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y la neutralidad de carbono, sin olvidar que los créditos de carbono y los derechos de emisiones de carbono constituyen una oportunidad de negocios para algunos inversionistas. El Acuerdo de París es uno de los instrumentos de mayor transcendencia para facilitar el desarrollo de los mercados de carbono, en sustitución del Protocolo de Kyoto.

Los adquirentes deben comprar créditos de carbono de calidad, basados en criterios de conservación y restauración de la naturaleza para asegurar que la compensación ayude realmente en la defensa y preservación del ambiente. Las naciones, las empresas y los individuos deben tener claro que la compensación es un instrumento complementario en la reducción de emisiones y, como tal, es el último recurso que deberían usar. La prioridad de estos actores no debe ser otra que reducir, secuestrar y eliminar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El lavado de imagen verde (“greenwashing”) concede ventajas indebidas a ciertas empresas, lo cual produce la ilusión de una administración ambiental idónea. Por otra parte, las reglas de adicionalidad no son claras y se otorgan créditos a empresas que de todos modos habrían reducido sus emisiones, aparte de los problemas derivados de la doble contabilización.

El impuesto sobre el carbono es un tributo que grava la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Este impuesto está diseñado para que los que contaminen contribuyan con la hacienda pública en proporción a sus emisiones y su consumo. Los ingresos generados por este tributo pudieran ser utilizados en políticas de mitigación del cambio climático. El mismo igualmente produce un efecto disuasorio para que se utilicen tecnologías innovadoras y se reduzca el consumo de energías de origen fósil en beneficio de energías más limpias, aunque ello pueda redundar en un menor crecimiento económico y mayores precios de ciertos bienes y servicios.

En suma, las estrategias de desarrollo deben sustentarse en la necesidad de equilibrar los objetivos de crecimiento económico con la responsabilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, con el uso de herramientas como las expuestas en este ensayo.

 

[1] La crisis ambiental se ve reflejada en eventos extraordinarios tales como la extinción de especies animales y vegetales, la degradación del hábitat natural, el calentamiento global, el incremento de las precipitaciones, huracanes y ciclones, la agudización de las sequías.

[2] Se conocen tres formas básicas de secuestro -que comprende tanto captura como almacenamiento- de gases de efectos invernadero: (i) biológico (en los ecosistemas), (ii) geológico (en las formaciones rocosas), y (iii) tecnológico (producto de las innovaciones tecnológicas utilizadas en los proyectos).

[3] El instrumento negociado es una tonelada de carbono equivalente (tCO₂e).

[4] El fondo cotizado en bolsa (ETF) es un fondo de inversión que posee múltiples activos subyacentes y que se puede comprar y vender en una bolsa de valores, de la misma manera que una acción individual.

[5] Carbonplace es una plataforma promovida y patrocinada por los bancos BNP Paribas, BBVA, CIBC, Itaú Unibanco, National Australia Bank, NatWest Group, Sumitomo, Standard Chartered y UBS.

[6] Gaceta Oficial N° 38.081 del 7 de diciembre de 2004.

[7] Gaceta Oficial N° 40.819 del 30 de diciembre de 2015.

[8] El Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de la Unión Europea (RCDE) es un mecanismo de «cap and trade» diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores específicos de su economía. En consecuencia, las empresas están autorizadas a realizar determinadas emisiones con sujeción a un límite máximo. En base a ese límite, las empresas adquieren derechos de emisión que son comercializables entre ellas.

[9] Eco-impostura, impostura ecológica, lavado de imagen verde o eco-postureo son algunas expresiones utilizadas en lugar del anglicismo “greenwashing”.

[10] Los impuestos son tributos en los que no hay una contraprestación directa del ente público y se basan en la capacidad económica del contribuyente. Las tasas son tributos que paga el contribuyente al ente público como contraprestación por un servicio público o la utilización de un bien público. Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible lo constituye la obtención de un beneficio para el contribuyente por la ejecución de obras públicas o el establecimiento de servicios públicos. En la contribución especial no debería haber una petición del contribuyente dirigida al ente público.