18 de noviembre de 2026
Patricia G. Vecchini González
Abogada y Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello Asesora Legal y Regulatoria en Mercado de Capitales, Infraestructura, Servicios Públicos y Sector Energético
Frente a catástrofes naturales u ordenamientos físicos alterados por fenómenos hidroclimáticos o telúricos extremos, la praxis administrativa tiende a circunscribirse al ejercicio de la potestad de policía de emergencia, enfocándose prioritariamente en la asistencia humanitaria y la restitución básica de servicios públicos. Sin embargo, la reconstrucción sostenible de un territorio costero o urbano destruido exige trascender la perspectiva puramente contingente para abordar el problema desde la teoría general del Derecho Administrativo y del Derecho Urbanístico.
Cuando la geografía física de una determinada región muta, el marco normativo preexistente que rige la propiedad, el uso y la edificabilidad sobre el suelo pierde de manera inmediata su correlación con la realidad fáctica. La incertidumbre jurídica derivada de la falta de actualización del planeamiento urbanístico inhibe la inversión de capital, incrementa el costo financiero por riesgo regulatorio y promueve el desarrollo informal.
En este contexto, el presente artículo aborda las herramientas dogmáticas e institucionales que permiten transicionar desde un régimen de mera contención del riesgo hacia un ecosistema de regulación urbanística bancable, utilizando la experiencia comparada para proponer esquemas aplicables al reordenamiento territorial en Venezuela, con especial referencia al litoral central de La Guaira.
Las variables urbanas fundamentales constituyen el conjunto de determinaciones y restricciones de carácter normativo emitidas por la autoridad municipal que condicionan el ejercicio del derecho a edificar sobre un predio determinado. Dichas variables (que abarcan los usos permitidos, las densidades poblacionales, los porcentajes de ubicación y construcción, los retiros de linderos y de cursos de agua, así como la altura máxima de las edificaciones) asumen la existencia de un soporte físico territorial estable.
Producido un desastre de gran magnitud, acontece una invalidez sobrevenida por mutación fáctica del objeto regulado. La franja costera, los cauces de quebradas y las pendientes de laderas sufren modificaciones morfológicas que podrían tornar en inejecutables los Planes de Ordenación Urbanística (POU) y los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) vigentes.
Si el ente local no adecua la normativa mediante un procedimiento formal de revisión urbanística, los administrados se enfrentan a un vacío regulatorio donde el ejercicio del ius aedificandi queda completamente bloqueado.
El Derecho Administrativo Urbanístico se debate tradicionalmente entre dos polos funcionales: por un lado, el ejercicio de la potestad de policía administrativa y ambiental, cuya finalidad es la limitación de derechos individuales para la salvaguarda del orden público y la prevención de riesgos sísmicos o hídricos; por el otro, la potestad de fomento, destinada a incentivar la iniciativa privada para el desarrollo económico e infraestructural del territorio.
Tras una catástrofe, la imposición rigurosa e inflexible de franjas de no construcción (non-aedificandi) por parte del Estado, sin una contrapartida de compensación o reorganización parcelaria, suele derivar en dos consecuencias perjudiciales:
La parálisis económica patrimonial: Los propietarios privados se ven imposibilitados de restaurar o explotar sus inmuebles, transformando el derecho de propiedad sobre el suelo en un título desnudo de contenido económico (nudum ius).
La proliferación de la informalidad: La rigidez normativa, aunada a los dilatorios tiempos administrativos para la modificación de ordenanzas, empuja a la población y al comercio local a reconstruir al margen de la legalidad, incrementando la vulnerabilidad estructural de la zona ante futuros eventos sísmicos o climáticos.
Para superar este dilema, la doctrina jurídica contemporánea propone sustituir la lógica sancionatoria o de prohibición absoluta por mecanismos de concertación regulada, donde el planeamiento urbano funcione como un instrumento dinámico de gestión del riesgo y creación de valor patrimonial.
El estudio de las respuestas normativas e institucionales adoptadas por diversas jurisdicciones tras eventos de vasta destrucción permite identificar esquemas de articulación entre el sector público y el capital privado:
El land readjustment en Kobe (Japón, 1995) y la concertación patrimonial
Tras el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji en 1995, el ordenamiento jurídico japonés priorizó el mecanismo conocido como Land Readjustment (Reajuste o reparcelación de terrenos). Bajo esta figura jurídica, los propietarios de una poligonal afectada ceden obligatoria u opcionalmente un porcentaje determinado de su predio (habitualmente entre el 10% y el 15%) al dominio público.
Dicho suelo cedido se destina a la apertura de vías de evacuación sísmica, zonas verdes de amortiguación y a la venta para la financiación de obras de infraestructura primaria. Como contraprestación, la autoridad urbanística incrementa la edificabilidad y densidad permitida en las parcelas resultantes. La ganancia de capital generada por la modernización y la dotación de infraestructura compensa con creces la reducción en la superficie del terreno, logrando la autofinanciación del desarrollo sin recurrir de manera exclusiva al tesoro público.
La autoridad centralizada y zonas francas regulatorias en Christchurch (Nueva Zelanda, 2011)
Frente al sismo de 2011 en Christchurch, el legislador neozelandés promulgó una norma estatutaria especial (Canterbury Earthquake Recovery Act) que creó una autoridad administrativa con potestades extraordinarias (Canterbury Earthquake Recovery Authority – CERA). Este modelo concentró en un único órgano la facultad de modificar de forma acelerada las directrices urbanísticas, suspender temporalmente la aplicación de regulaciones locales gravosas y establecer «zonas de desarrollo prioritario».
Estas zonas operaron bajo una suerte de zona franca regulatoria, donde se simplificaron los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y permisología de construcción a cambio del cumplimiento estricto de códigos técnicos de resiliencia estructural.
Las sociedades anónimas inmobiliarias mixtas y la expropiación por títulos accionarios en Beirut (Líbano, 1991)
Para la reconstrucción del centro histórico de Beirut tras la guerra civil, se utilizó una figura corporativa de alto impacto: la creación de una sociedad anónima de desarrollo inmobiliario mixta (SOLIDERE), autorizada por ley especial. Bajo este esquema, el Estado expropió el conjunto de las parcelas del área central destruida; sin embargo, en lugar de indemnizar a los propietarios en efectivo, se les entregó acciones representativas del capital social de la compañía desarrolladora.
La empresa levantó capital en los mercados financieros internacionales mediante la emisión de acciones y títulos de deuda, financiando la infraestructura primaria y la restauración urbana. Si bien el modelo demostró una alta eficiencia operacional y financiera, la doctrina jurídica ha señalado sus serias deficiencias en materia de gentrificación y exclusión de los habitantes originarios, sirviendo de advertencia sobre la necesidad de equilibrar la rentabilidad corporativa con el interés público y la cohesión social.
En el contexto jurídico venezolano, la revitalización de áreas afectadas como el litoral de La Guaira requiere adecuar estas lecciones internacionales a los principios rectores del Derecho Administrativo nacional (previstos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística):
Reforma dinámica de las variables urbanas fundamentales: Los concejos municipales deben promulgar ordenanzas especiales de regeneración urbana que introduzcan conceptos de «urbanismo por concertación», flexibilizando los retiros y densidades a favor de aquellos desarrolladores que financien o ejecuten directamente obras públicas de mitigación de riesgo hídrico o sísmico.
Estructuración de Alianzas Público-Privadas (APP) y concesiones de infraestructura: El Estado debe emplear el marco contractual de las APP para otorgar concesiones de construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras críticas (puertos, marinas, complejos turísticos, vialidad) a consorcios privados. Dichos contratos deben delimitar con precisión la distribución de riesgos (asumiendo el Estado el riesgo geológico previo y el privado el riesgo de construcción y operación).
Financiamiento y aislamiento del riesgo mediante vehículos fiduciarios: Para garantizar que los proyectos sean atractivos para la banca internacional y los inversionistas institucionales, las operaciones no deben depender directamente del presupuesto del ente público. Resulta recomendable la constitución de fideicomisos de desarrollo urbano e infraestructura, administrados por entidades bancarias autorizadas. En estos fideicomisos se adscriben la titularidad de los terrenos intervenidos, los flujos de caja futuros por tarifas, y los incentivos fiscales municipales (exoneraciones temporales de impuestos sobre inmuebles urbanos o actividades económicas), aislando el patrimonio del proyecto frente a la contingencia política o presupuestaria general.
El abordaje del desarrollo y la reconstrucción territorial no puede continuar operando bajo el paradigma de la improvisación normativa o la mera respuesta de emergencia. La seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria y la certidumbre sobre las variables urbanas fundamentales son condiciones sine qua non para la atracción de inversiones privadas de envergadura.
El Derecho Administrativo comparado enseña que los modelos más exitosos son aquellos que logran equilibrar la función tutelar del Estado en la gestión de riesgos con esquemas corporativos y contractuales eficientes. Venezuela cuenta con los instrumentos legales necesarios (a través de la reparcelación concertada, las Alianzas Público-Privadas y la ingeniería fiduciaria) para transformar la vulnerabilidad de regiones estratégicas como La Guaira en proyectos urbanos financiables, resilientes y económicamente sostenibles a largo plazo.