La pandemia mundial de COVID-19 ha supuesto una avalancha de cambios en los hábitos personales, de trabajo y de recreación de toda la humanidad, impactando prácticamente todas las áreas del quehacer humano.

La contratación pública ha jugado un rol fundamental en esta nueva realidad y en la lucha contra esta terrible enfermedad, ya que constituye el medio a través del cual los gobiernos realizan las compras de material médico, material de protección, medicinas, vacunas, entre otros.

En ese sentido, este rol fundamental de la contratación ha supuesto un importante incremento en la cantidad de procedimientos de contratación que los gobiernos ejecutan y, por vía de consecuencia, un incremento significativo en la cantidad de recursos públicos que se aprueban para compras de emergencia destinadas a la contratación de bienes y servicios que generalmente no fueron inicialmente presupuestados. Al respecto, se estima que para 2025 el mundo habrá gastado cerca de 157 mil millones de dólares sólo en la adquisición de vacunas[1], compras que indudablemente se realizarán a través de procedimientos de contratación pública.

En ese contexto, la transparencia -que implica que los ciudadanos sean verdaderos dueños de los datos y de la información que los Estados producen- tiene una mayor relevancia, siendo que es el mecanismo a través del cual los ciudadanos podemos conocer en detalle las contrataciones que realizan los Estados. Sin embargo, la necesidad de contar con las provisiones necesarias para salvar vidas durante la pandemia, sumado a la poca voluntad de muchos gobiernos en ser absolutamente transparentes sobre sus mecanismos de contratación y gasto, han creado los incentivos perfectos para que la contratación pública mundial sea cada vez menos transparente.

La opaca contratación pública latinoamericana durante la pandemia

Según un estudio realizado por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción y la Fundación Directorio Legislativo[2], al menos 13 países de América Latina cambiaron sus Leyes para comprar la vacuna contra la COVID-19 entre el pasado septiembre y febrero de este año y adicionalmente detectaron 23 nuevas normativas entre Leyes, Decretos y Resoluciones, que afianzaron la opacidad en los procesos de adquisición y le dieron indemnidad económica[3] y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.

De esta manera, apoyándose en normas y leyes existentes y en otras recién aprobadas, Latinoamérica ha legalizado la confidencialidad, siendo que ninguno de los países de la región ha publicado la totalidad de la documentación correspondiente a la compra de vacunas y tampoco nada referente a las negociaciones con los laboratorios. En ese sentido, solo Costa Rica y México establecieron plazos expresos para esta confidencialidad de las negociaciones y de los contratos para la compra de vacunas, en uno y cinco años respectivamente. Además, solo Chile, Honduras, México y Panamá han informado el precio de las vacunas.

No es nuevo que los gobiernos establezcan limitaciones al acceso a la información relacionada con la contratación pública, y de ello encontramos evidencia en el más reciente informe publicado por Open Contracting Partnership y Spend Network, el cual indica que solo el 2,8% de los contratos públicos del mundo se encuentra publicados abiertamente en su totalidad[4].

Por otro lado, esta opacidad también se evidencia en la preminencia de los procedimientos de adjudicación directa al momento de contratar en tiempos de pandemia. Por ejemplo, en México, el 94,46% de los contratos adjudicados en el marco de la COVID-19, que suman más de 970 millones de dólares, fueron otorgados de forma directa[5], es decir, adjudicados sin la tramitación de un procedimiento verdaderamente público y competitivo. En Argentina la situación es similar, alcanzando un 92% de las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria[6].

Como vemos, la opacidad y la confidencialidad se han instalado en los procesos de contratación pública en Latinoamérica durante la pandemia de la COVID-19.

La persistente opacidad en la contratación pública venezolana

La opacidad no es nueva en Venezuela, ya que constituye una verdadera política de Estado, como se desprende del estudio realizado por Transparencia Venezuela que determinó que hasta el año 2014 al menos 475 instrumentos de rango legal y sublegal contienen disposiciones que legalizan la opacidad de la información oficial[7].

En ese sentido podemos firmar que actualmente Venezuela se encuentra sumida en una opacidad abismal en materia de contratación pública. A modo de ejemplo podemos decir, que de forma distinta a otros vecinos de la región, Venezuela no cuenta con un portal en línea que concentre todos los procedimientos de contratación pública ,y a través del cual se pueda obtener información real y actualizada en la materia. De hecho, Venezuela se ubica como uno de los seis países del mundo sobre los cuales no se tiene ningún tipo de información relacionada con contratación pública[8].

Adicionalmente, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos[9], sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a supuestamente proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano, en el marco de la protección del Estado contra las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, lo cual abarca toda la información relacionada con procedimientos de contratación pública, y esta norma fue recientemente utilizada como base legal para aumentar la opacidad en el acceso a la información contenida en el Registro Nacional de Contratistas[10].

Ahora bien, en tiempos de la COVID-19, esta opacidad no ha mermado. El Servicio Nacional de Contrataciones, autoridad técnica en la materia, no ha publicado ningún tipo de información sobre las contrataciones realizadas, a pesar de contar con los informes trimestrales que remiten los órganos y entes contratantes. Además, en los portales del Estado no existe información organizada y completa sobre las contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19, ni se ha brindado información sobre los instrumentos jurídicos suscritos para su ejecución[11].

La única información que se obtiene en nuestro país es por medio de las alocuciones oficiales, a través de las cuales se ha podido conocer que el Gobierno ha invertido 200 millones de dólares para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V[12] y que Venezuela logró consignar unos 64 millones de dólares para el suministro, a través del mecanismo COVAX, del 20 % de las vacunas necesarias para inmunizar a los venezolanos contra el coronavirus[13].

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la contratación pública venezolana es un perfecto ejemplo de opacidad administrativa.

Reflexión final

Venezuela se ubica entre los países más opacos del mundo, y esta opacidad se ha mantenido inalterable en tiempos de pandemia. La raíz del problema no radica en la producción de información en materia de contratación pública, sino más bien en el velo de opacidad que cubre la materia y que además encuentra pleno sustento legal en un conjunto de normas opacas previstas en todo el ordenamiento jurídico de nuestro país.

Como afirma López Pagán[14], para superar esta situación es necesario que el sistema político, tal como lo conocemos, si desea convertirse en un instrumento legítimo y eficaz, abandone la opacidad que le ha caracterizado y se convierta en un verdadero gobierno abierto que cuente con la iniciativa de los ciudadanos y responda a los principios básicos de transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración, a través de un nuevo pacto que se ancle en el uso de las nuevas tecnologías de información y que tenga como clave la regeneración del Estado.

Ese nuevo sistema que se afiance en la transparencia excede del sólo ámbito de la contratación pública, debiendo surgir como un eje central de todas las políticas del Estado, ya que la transparencia tiene múltiples aristas beneficiosas, siendo percibida incluso como un ingrediente imprescindible de la democracia y, como afirma Stiglitz[15], también desde un punto de vista económico para la eficiencia y el buen funcionamiento de los mercados.

Es por tanto de gran importancia y urgencia que nuestra legislación sea ampliamente reformada, de forma de levantar ese velo de opacidad que en la actualidad legaliza el silencio y la confidencialidad de la información y de gran parte de la actividad del Estado.

[1] Manas Mishra, «World to spend $157 billion on COVID-19 vaccines through 2025-report», Reuters, 29 de abril de 2021, acceso el 12 de mayo de 2021, https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/world-spend-157-billion-covid-19-vaccines-through-2025-report-2021-04-29/.  

[2] Iván Ruiz et al, «Gobiernos de América Latina otorgaron beneficios legales y tributarios a farmacéuticas en compra de vacunas», Red Palta, acceso el 12 de mayo de 2021, https://www.redpalta.org/post/los-beneficios-a-farmaceuticas-en-compra-de-vacunas/.

[3] Ocho países latinoamericanos -entre los que destacan Argentina, Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana- cambiaron sus Leyes para asumir posibles demandas que puedan presentarse contra los fabricantes de las vacunas ante probables efectos adversos graves después de que se ejecuten los planes masivos de vacunación.

[4] Open Contracting Partnership y Spend Network, How governments spend: Opening up the value of global public procurement (Estados Unidos de América, 2020), https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/08/OCP2020-Global-Public-Procurement-Spend.pdf.

[5] Compras Covid MX, «Opacidad de la pandemia», acceso el 13 de mayo de 2021,  https://contratoscovid.serendipia.digital/

[6] Ruido, «Compras públicas en pandemia: 2020, el año de las contrataciones directas y la falta de transparencia», acceso el 10 de mayo de 2021,  https://elruido.org/compras-publicas-el-ruido/

[7] Transparencia Venezuela, Es legal pero injusto (Caracas, 2014), https://transparencia.org.ve/es-legal-pero-injusto.

[8] Open Contracting Partnership y Spend Network, p. 18.

[9] Gaceta Oficial N° 6.583 extraordinario de 12 de octubre de 2020.

[10] Providencia N° DG/2020/009 de 13 de octubre de 2020, dictada por el Servicio Nacional de Contrataciones, mediante la cual se declara de “Carácter Reservado y de Divulgación Limitada” toda la información contenida en las Bases de Datos de los Sistemas y archivos en poder del referido Servicio, estableciendo además un conjunto de limitaciones en el acceso a dicha información.

[11] Transparencia Venezuela, Corrupción en pandemia: La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19 (Venezuela, 2021), https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/Corrupcio%CC%81n-en-pandemia-la-tragedia-de-Venezuela-mas-alla-de-la-COVID-19-.pdf

[12] Brian Ellsworth, «Venezuela invierte 200 millones de dólares en dosis de vacuna rusa», Reuters, 18 de febrero de 2021, acceso el 10 de mayo de 2021, https://www.reuters.com/article/salud-coronavirus-venezuela-vacunacion-idESKBN2AI0K1

[13] Associated Press, «COVID-19: Venezuela cubre 50% de monto requerido por COVAX», AP, 10 de abril de 2021, acceso el 11 de mayo de 2021, https://apnews.com/article/noticias-e0f4b8dadb807fd9d4861cc4627efa67

[14] Juana López Pagán, «Transparencia, Gobierno Abierto y Regeneración Democrática», en La Regeneración del Sistema: Reflexiones en torno a la calidad democrática, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, I Congreso Internacional sobre Calidad Democrática, Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, editado por Asociación Valenciana de Politólogos (Valencia: AVEPOL, 2014), 258.

[15] Joseph Stiglitz, «Transparency in Government», en The Right to Tell, editado por el Banco Mundial (Washington: World Bank, 2002), 27-44.