Introducción

 Los agentes económicos evalúan los riesgos para tomar sus decisiones en cada proyecto. Los riesgos emanan de la exposición y la probabilidad de que afecte al capital y la rentabilidad[1]. Las inversiones de alta rentabilidad normalmente tienen riesgos altos. Por el contrario, las inversiones que aparejan riesgos bajos no debieran ofrecer alta rentabilidad.

La gestión de riesgos se encarga de identificar, evaluar y mitigar las amenazas que traen incertidumbre en el éxito de los proyectos. Las empresas enfrentan riesgos que deben ser gestionados de forma sistemática mediante planes y metodologías. Los riesgos son de naturaleza política, comercial, económica, financiera, operacional, tecnológica, legal, entre otros. Pero hay riesgos que no pueden ser eliminados o mitigados pues son consustanciales a cada tipo de actividad.

En la gestión de riesgos políticos se utiliza el seguro de riesgo político (conocido como “political risk insurance” (“PRI”) – por sus siglas en inglés). El PRI ofrece coberturas por riesgos asociados a inversiones en entornos calificados como inestables o volátiles y aquejados por la fragilidad institucional. No obstante, no todo proyecto es asegurable.

En este breve ensayo expondremos las ideas esenciales relacionadas con el PRI en el ámbito de la gestión de riesgos políticos de los proyectos de inversión. Aunque no nos adentraremos en el caso de Venezuela, es un hecho que el PRI ha sido utilizado en el pasado en este país en los períodos más álgidos de las políticas de expropiaciones[2].

 

La póliza del PRI, sus términos y condiciones y el derecho de subrogación

El PRI es un contrato representado en una póliza de seguro en el cual una empresa aseguradora conviene en indemnizar al asegurado de ocurrir el riesgo cubierto. El asegurado paga una contraprestación denominada prima, la cual es calculada sobre el valor contable de la inversión o del activo. En razón de este cálculo se arguye que el PRI es un producto costoso.

Los asegurados pueden ser inversionistas, empresas importadoras y exportadoras, instituciones financieras, mercados de capitales, y contratistas de las áreas de ingeniería y construcción, tanto del sector privado como del sector público.

La póliza es de carácter internacional si se contrata en un lugar distinto a aquel en el que se ejecuta el proyecto. En algunos casos, la póliza se contrata en el país donde se ejecuta el proyecto y luego se reasegura en un mercado de seguros reconocido, siendo la ciudad de Londres, la plaza por excelencia[3]. Esta estructura de contratación es utilizada para los proyectos ubicados en jurisdicciones cuyas legislaciones restringen la capacidad de las empresas aseguradoras extranjeras para celebrar contratos de seguros.

Los términos y condiciones de las pólizas deben especificarse con claridad en lo tocante a los límites de cobertura, plazos de duración, períodos de espera y riesgos políticos cubiertos. En las pólizas se fijan topes máximos a las cantidades de las inversiones asegurables, consideraciones políticas al excluir coberturas por inversiones en jurisdicciones sancionadas, y también criterios sociales y ambientales al negar el otorgamiento de coberturas en proyectos relacionados con abusos a los derechos humanos o daños al ambiente.

El derecho de subrogación es un derecho reconocido a favor de las empresas aseguradoras para evitar el enriquecimiento sin causa del asegurado y facilitar la recuperación de los costos incurridos por las primeras. Este mecanismo permite recobrar los montos pagados al asegurado por concepto de indemnizaciones. De tal forma, las empresas aseguradoras asumen los derechos y acciones del asegurado para reclamar a los terceros responsables de los siniestros. Por su parte, el asegurado puede estar obligado a asistir a las empresas aseguradoras en las reclamaciones subrogadas, incluyendo demandas judiciales o arbitrales.

 

Los riesgos cubiertos por el PRI

El PRI ofrece a los inversionistas coberturas en casos de confiscaciones, expropiaciones, privatizaciones, restricciones a las exportaciones, embargos, revocaciones de licencias, acuerdos y concesiones, pérdidas por guerra, violencia política, disturbios civiles, inconvertibilidades de la moneda y prohibiciones de transferencias de divisas. El PRI suele excluir de su cobertura las pérdidas por los cambios regulatorios no discriminatorios, así como por tributos, sanciones y multas.

Al cubrir riesgos no comerciales, el PRI permite a los prestamistas ofrecer mejores condiciones de financiamiento para los inversionistas.

En las jurisdicciones calificadas de alto riesgo, donde la inestabilidad política y el terrorismo pueden solaparse entre ellos, las empresas aseguradoras pueden concentrar sus productos en una sola póliza.

El PRI también puede proteger a los acreedores frente al incumplimiento de decisiones arbitrales debido a la falta de pago de una deuda por parte de gobiernos soberanos. Este tipo de cobertura puede mejorar las calificaciones crediticias de las deudas públicas reestructuradas.

 

Los proveedores públicos y privados del PRI

Los proveedores públicos y privados ofrecen productos de seguro y reaseguro de acuerdo con el marco regulatorio aplicable y sus propios objetivos y políticas. Con el PRI los proveedores públicos apoyan las políticas públicas de los gobiernos y las agencias multilaterales, muchas veces otorgando subsidios a la inversión.

La aseguradora pública más conocida es la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), organización dependiente el Banco Mundial. El mecanismo de garantías de MIGA cubre riesgos no comerciales para fomentar la inversión privada en países que puedan acogerse al servicio de financiamiento del sector privado de esta agencia. Este mecanismo de garantías provee soluciones para la mitigación de riesgos y el respaldo de inversiones en deuda y capital.

También se encuentran las aseguradoras públicas nacionales como la U.S. International Development Finance Corporation de los Estados Unidos (DFC[4]), Sinosure de China, Bpifrance de Francia, UK Export Finance del Reino Unido (UKEF), Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) de Italia y Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) de Japón. Estas entidades gubernamentales cumplen distintos roles como agencias de crédito a las exportaciones. Por otro lado, en Alemania la cobertura de riesgos políticos responde a un mandato del gobierno federal administrado a través de las empresas privadas seleccionadas.

La DFC apoya a los sectores de la energía, sanidad, infraestructura y seguridad alimentaria. Esta agencia igualmente ofrece una cobertura contra el incumplimiento de pago de un gobierno extranjero o empresa de propiedad estatal en virtud de un laudo arbitral (“arbitral award default and denial of recourse”).

Entre las principales empresas aseguradoras privadas en Europa y los Estados Unidos podemos mencionar a Marsh, Allianz, AEGIS London, BPL Global, AIG UK, WTW (Willis Towers Watson), Howden, Chubb, Liberty Specialty Markets, Markel, Lancashire, Mosaic Insurance, Munich Re.

El PRI de las aseguradoras privadas suele adaptarse a las necesidades específicas de los asegurados con productos personalizados, en comparación con la rigidez de los PRI de las aseguradoras públicas. Además, el PRI de las aseguradoras privadas es por regla general de naturaleza confidencial, a diferencia de aquellos ofrecidos por las aseguradoras públicas.

El PRI de las aseguradoras públicas comúnmente exige el cumplimiento de requerimientos ambientales y sociales. Estas aseguradoras evalúan con particular atención la sostenibilidad y la reputación de los proyectos. 

 

Los tratados de promoción y protección de inversiones y el PRI

Los tratados de promoción y protección de inversiones protegen las inversiones, a través del reconocimiento de determinadas obligaciones y garantías de los inversionistas. Su objetivo es proporcionar un marco general para fomentar los flujos de inversión internacional mediante un trato justo, equitativo y no discriminatorio a los inversionistas, disminuyendo los factores de incertidumbre jurídica y permitiendo el arbitraje internacional en la resolución de las disputas[5]. Estos tratados pueden y deben complementar al PRI y funcionar conjuntamente.

Las cantidades de recuperación del PRI están sujetas a los límites aplicables de la respectiva póliza, a diferencia de las protecciones emanadas de los tratados, que por definición no prevén limitaciones sobre el monto de las indemnizaciones. Adicionalmente, la inmediatez y relativa seguridad del pago de las indemnizaciones previstas en el PRI, se contrapone a los prolongados procedimientos de arbitraje de inversiones y la incerteza de recibir las indemnizaciones reclamadas.

En los casos en que los inversionistas obtengan un laudo arbitral a su favor de conformidad con un tratado, las empresas aseguradoras del PRI pueden ejercer sus derechos de subrogación para recuperar ante el Estado receptor de la inversión los pagos indemnizatorios efectuados a los inversionistas de conformidad con lo estipulado en la póliza.  

 

Conclusiones

El riesgo político es considerado habitual en los proyectos ejecutados en ciertos países. Los inversionistas utilizan el PRI para mitigar este tipo de riesgos. El PRI respalda a los inversionistas públicos y privados y los ayuda a acceder al financiamiento en los mercados financieros.

Las principales coberturas del PRI comprenden las confiscaciones, expropiaciones, privatizaciones, restricciones a las exportaciones, embargos, revocaciones de licencias, acuerdos y concesiones, pérdidas por guerra, violencia política, disturbios civiles, inconvertibilidades de la moneda y prohibiciones en las transferencias de divisas.

Los proveedores públicos y privados del PRI ofrecen productos de diversa naturaleza y características. Les corresponde a los asegurados contratar las pólizas que se adapten a sus necesidades y expectativas en adecuación a sus planes y presupuestos.

Los derechos de los inversionistas están amparados tanto por los tratados de promoción y protección de inversiones como por el PRI. Por tanto, puede ser necesaria la protección del PRI para mitigar el riesgo político incluso con la existencia de un tratado. La experiencia indica que los inversionistas tienen que acudir a dilatados procedimientos arbitrales para obtener indemnizaciones por parte de un Estado de conformidad con un tratado de inversión. El arbitraje de inversiones no ofrece garantías de pagos a los inversionistas por las dificultades que trae el cumplimiento o ejecución de los laudos arbitrales. El PRI es un procedimiento más sencillo y expedito al compararlo con este tipo de arbitraje.

Definitivamente, el PRI es un instrumento útil que puede ser aprovechado a la hora de acometer inversiones en entornos que presentan riesgos políticos. Su importancia no puede ser desestimada. Cada inversionista debe evaluar las distintas alternativas disponibles evaluando sus potenciales beneficios y costos asociados.

 

[1] El análisis de riesgos utiliza cuatro factores principales: amenaza, probabilidad de ocurrencia, gravedad y aceptabilidad. Esta clase de análisis evalúa las causas de posibles amenazas que podrían impactar las inversiones con el objeto de establecer medidas de mitigación.

[2] Véase lo expuesto en nuestro ensayo: “Gestión de Riesgos Legales y Políticos en Proyectos de Hidrocarburos”, en Blog de Derecho y Sociedad, disponible en: https://www.derysoc.com/gestion-de-riesgos-legales-y-politicos-en-proyectos-de-hidrocarburos/

[3] Lloyd’s de Londres es el mercado de seguros y reaseguros más prestigioso del mundo. Fue creado en 1688 y tiene carácter de corporación desde 1871 mediante Ley sancionada por el Parlamento británico. No es una compañía de seguros, sino un lugar donde sindicatos de inversores y aseguradores asumen parte proporcional de un mismo riesgo. Los corredores autorizados traen los riesgos a la sala de negocios de Lloyd’s e identifican sindicatos dispuestos a asegurarlos.

[4] La agencia gubernamental estadounidense Overseas Private Investment Corporation (OPIC) fue disuelta en 2019 y reemplazada por la DFC.

[5] Véase lo expuesto en nuestro ensayo: “Algunas ideas en torno al arbitraje de inversiones y su importancia para la recuperación de la industria petrolera venezolana”, en Blog de Derecho y Sociedad, disponible en: https://www.derysoc.com/gestion-de-riesgos-legales-y-politicos-en-proyectos-de-hidrocarburos/