Una de las historias que se cuentan en Cien Años de Soledad es la llegada del progreso a Macondo, por lo que una vez que el pueblo tuvo la conexión ferroviaria, llegaron los inversionistas a desarrollar las plantaciones bananeras, en las que los habitantes prestaban sus servicios, recibiendo como contraprestación los alimentos que eran entregados en el comisariato.

Con el tiempo los habitantes pidieron condiciones laborales adecuadas, por lo que se organizaron en un sindicato que presentó sus planteamientos a los abogados de la empresa.

Entre la actitud de los abogados de la empresa y la negativa de los inversionistas a otorgar condiciones laborales adecuadas, se desencadenó un conflicto laboral, que termina en una huelga, que es reprimida por fuerzas de seguridad.

En la actualidad, las inversiones siguen siendo necesarias para el desarrollo de la región, porque en la medida que los sectores económicos logran sus objetivos, se piensa que ello derivará en mejoras en la infraestructura del país, los servicios básicos, la educación y la salud.

A pesar de lo anterior, es necesario que en cualquier inversión se estudie su sustentabilidad y sostenibilidad, sobre todo en una época en la que el cambio climático está marcando la agenda, porque se busca que los países disminuyan la huella de carbono; por eso se plantea la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias.

Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente está llevando a que los países miren a las regiones en las que puedan obtener las reservas de hidrocarburos que necesitan, situación que estaría beneficiando a Venezuela.

Por lo anterior, los venezolanos tienen la esperanza que la nueva etapa de las inversiones pueda derivar en una mejora en su calidad de vida, pero para ello se requiere la adecuación del marco normativo, que puede representar una variable de peso en el costo de las inversiones.

De hecho, la legislación laboral prevé límites: (i) a la contratación de trabajadores extranjeros; (ii) a la contratación de trabajadores a tiempo determinado; (iii) a la terminación de la relación laboral por despido injustificado; (iv) a la elección de la ley aplicable a la relación laboral; (v) a la jornada de trabajo; (vi) a la propiedad de la invenciones y mejoras, y (vii) a la libertad económica, pero además se regula un régimen de prestaciones sociales, que terminó causando desempleo y desalarización.

El hecho de que el país cuente con un marco laboral que es contrario a la inversión, conlleva a que sea urgente la discusión de la reforma de la legislación laboral, para que las partes cuenten con un marco normativo que apunte al equilibrio económico del contrato y la transformación de las relaciones laborales.

También se debe considerar que la inversión, por sí sola, no va a generar una mejora en la calidad de vida de los venezolanos, porque para eso se requiere: (i) transformar el marco regulatorio; (ii) recuperar la estabilidad económica, y (iii) recobrar la separación de poderes.

Como vemos, el progreso no se logra sin la participación de los actores sociales, siendo el diálogo social el mecanismo para alcanzar un nuevo pacto social.