El pasado 12 de agosto, la mesa de negociación acordó —y así lo hizo público— avanzar en la transformación del sistema de justicia venezolano. Desde entonces hemos dado pasos concretos para convertir ese compromiso en una realidad institucional. La reciente reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es uno de ellos: el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por 23 miembros, 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados de la Asamblea Nacional.

No es un cambio menor. La sociedad civil pasa a ocupar un lugar central en un proceso decisivo para la justicia venezolana. Si durante años reclamamos que la selección de los magistrados dejara de ser un espacio cerrado y sometido al control político, ahora que empieza a abrirse debemos participar. Ha llegado la hora del país jurídico y de la sociedad civil.

Una mayor participación ciudadana debe traducirse en menos control partidista. Uno de los mayores daños infligidos a nuestro sistema judicial ha sido la apropiación política de sus instituciones. La selección de magistrados terminó percibiéndose como un asunto reservado al poder, en lugar de una responsabilidad institucional sometida a la Constitución. Revertir esa situación exige modificar las reglas, pero también recuperar una cultura jurídica fundada en la independencia, el mérito, la honorabilidad y el servicio a la República.

Por eso importa lo que está ocurriendo. La negociación empieza a producir cambios institucionales y legales concretos y verificables. No son solamente declaraciones de intención. Estamos creando las condiciones para un nuevo procedimiento de postulaciones, abierto y creíble, que permita avanzar hacia la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero ninguna reforma legal puede producir por sí sola la justicia que Venezuela necesita. Las instituciones valen también por las personas que las encarnan. Y nuestro país conserva, dentro y fuera de sus fronteras, una extraordinaria reserva de juristas: en las universidades, los colegios de abogados, las academias, los bufetes y los tribunales. También entre tantos venezolanos de la diáspora que han continuado estudiando, enseñando y ejerciendo el Derecho con excelencia. A todos ellos debemos convocarlos.

Queremos que quienes reúnan las credenciales para ser magistrados consideren postularse. Necesitamos que las universidades, los colegios de abogados y las academias se involucren; que ayuden a identificar nombres y examinar trayectorias; que las organizaciones ciudadanas observen el proceso; que profesores, abogados, jueces y estudiantes de Derecho participen en la discusión. Lo que está en juego es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de quienes estamos sentados en una mesa de negociación.

Hay, además, una exigencia irrenunciable: el cumplimiento escrupuloso de la Constitución. El artículo 263 no puede reducirse a una formalidad. La honorabilidad, la reconocida competencia jurídica, la trayectoria profesional y los demás requisitos constitucionales y legales deben examinarse con rigor. Venezuela no necesita simplemente sustituir unos magistrados por otros. Necesita recuperar la magistratura como institución republicana.

Y para eso tenemos por delante una tarea muy concreta. Al final del día necesitamos reunir una lista de, al menos, doscientos hombres y mujeres en condiciones de asumir las más altas responsabilidades judiciales de la República. Doscientos juristas de verdad. Hombres y mujeres de toga, con competencia, trayectoria y honorabilidad, pero, sobre todo, libres interiormente. Personas que no deban su conciencia a un partido, a un grupo económico ni a ningún poder. Personas que sepan que un magistrado no sirve a una parcialidad: sirve a la Constitución y al pueblo de Venezuela.

Tenemos que buscarlos. En Caracas y en las regiones. En las universidades públicas y privadas. Entre quienes han ejercido la judicatura con dignidad y entre quienes han construido una trayectoria profesional respetable. Dentro de Venezuela y en la diáspora. Estoy convencido de que esa reserva moral y jurídica existe. Hay que hacerla aflorar.

Por supuesto, todo ello exige transparencia. El país debe conocer quiénes aspiran a representar a la sociedad civil en el Comité de Postulaciones, cuáles son sus credenciales y cómo fueron escogidos. Y deberá saber después quiénes aspiran a integrar el Tribunal Supremo de Justicia, cuál ha sido su trayectoria y por qué cumplen las exigencias de la Constitución y la ley. La luz pública debe acompañar el proceso.

Lo alcanzado hasta ahora es apenas un primer paso. El objetivo es mucho mayor: renovar el Tribunal Supremo de Justicia y avanzar hacia un sistema judicial independiente, capaz de proteger los derechos ciudadanos, garantizar la integridad electoral y volver a ser límite efectivo frente al poder.

Esa tarea, insisto, no pertenece a una delegación ni a una mesa de negociación. Pertenece al país. Nosotros podemos contribuir a abrir caminos y cambiar reglas. Pero ahora corresponde al país jurídico y a la sociedad civil entrar por esas puertas, participar y asumir su responsabilidad.

Bolívar comprendió que las instituciones republicanas no pueden sostenerse sin ciudadanos capaces de encarnar sus principios. En definitiva, no hay República sin republicanos. Tampoco habrá una nueva justicia sin verdaderos magistrados: hombres y mujeres libres, revestidos de la dignidad de la toga, servidores de la Constitución y del pueblo de Venezuela.

Las reglas empiezan a cambiar. Ahora necesitamos a los republicanos capaces de hacerlas vivir.