A dos años del inicio de la pandemia de COVID-19, su impacto en todas las áreas del Derecho es incuestionable, y la contratación pública no ha escapado a esta nueva realidad que ha cambiado el mundo. En ese sentido, en los últimos dos años la contratación pública ha jugado un rol esencial e imprescindible en la lucha contra esta enfermedad, así como en la reactivación de la economía mundial.  

Ahora bien, la contratación pública siempre ha estado bajo la sombra de la opacidad y la corrupción. Así, para 2017 la Iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción (CoST) estimaba que para el 2030, US$ 6 billones podrían perderse anualmente solo en la industria de la construcción debido a la corrupción, la mala gestión e ineficiencias, con efectos devastadores en el medio ambiente, los medios de subsistencia de las personas y la seguridad[1].

Corrupción y COVID-19

El auge de la contratación pública a nivel mundial en tiempos de pandemia también trajo consigo importantes retos adicionales en la lucha contra la corrupción. Como dijimos en un trabajo previo, al menos 13 países de América Latina cambiaron sus Leyes entre septiembre 2021 y febrero 2021 para comprar la vacuna contra la COVID-19, y adicionalmente se dictaron 23 nuevas normativas entre Leyes, Decretos y Resoluciones, que afianzaron la opacidad en los procesos de adquisición y le dieron indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna[2].

Por lo tanto, la percepción sobre la presencia de prácticas corruptas en la contratación pública ha aumentado mundialmente, gracias a la opacidad con la que se han manejado las contrataciones de emergencia que se han efectuado para combatir la pandemia de COVID-19, durante la cual solo el 2,8% de los contratos públicos del mundo han sido publicados abiertamente en su totalidad[3].

Adicionalmente, el más reciente Informe del Índice de Percepción de Corrupción 2021 preparado por Transparencia Internacional advierte que desde el inicio de la catastrófica pandemia de COVID-19 los niveles de corrupción se encuentran estancados en todo el mundo[4].

La respuesta mundial en la lucha contra la corrupción en la contratación pública

Como dijimos anteriormente, a inicios de la pandemia de COVID-19 el mundo comenzó a girar peligrosamente hacia la opacidad en materia de contratación pública. Sin embargo, luego del reclamo ciudadano y del auge de casos de corrupción en las contrataciones realizadas durante la pandemia de COVID-19, el mundo comenzó a tomar correctivos.

Así, en junio de 2021, los líderes del G7 destacaron la necesidad de actuar contra la corrupción, incluso compartiendo información sobre actividades financieras ilícitas, abordando el uso indebido de empresas ficticias y la reducción de la capacidad de los actores ilícitos (incluidos delincuentes organizados) para ocultar riquezas, incluso en bienes raíces. Al respecto, los Ministros del Interior y de Seguridad del G7 reconocieron que la corrupción y las finanzas ilícitas no sólo drenan al público recursos, sino que también restan confianza en las instituciones democráticas, y amenazan la estabilidad y seguridad de las sociedades, en lo cual la pandemia ha proporcionado nuevas oportunidades, permitiendo que la cleptocracia florezca y exacerbando los desequilibrios de poder socioeconómico existentes.

De igual manera, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tuvo lugar el 02 de junio de 2022, dio el importante paso de reconocer la necesidad de aumentar la rendición de cuentas y la transparencia en las adquisiciones públicas para combatir la corrupción de manera efectiva. En ese sentido, 187 países se comprometieron a aumentar la transparencia a lo largo de todo el ciclo de contratación pública, fortalecer los sistemas de recopilación de datos y bases de datos abiertas que sean accesibles y fáciles de usar, aumentar la transparencia de los procesos de toma de decisiones y hacer más accesible la información mediante el uso de herramientas digitales, datos abiertos y portales web.

En el caso de América Latina, el continente se colocó a la vanguardia en las reformas de contratación abierta, fortaleciendo avances en la divulgación y el uso de información estandarizada y de datos abiertos para mejorar los resultados de la contratación pública. Estas reformas permitieron que, hoy en día, alrededor de la mitad de la población de la región (unos 326 millones de personas) viva en países con acceso a servicios abiertos de datos de contratación pública.

Por ejemplo, Argentina y México abrieron sus contrataciones para lograr una mayor eficiencia y menos quejas de los ciudadanos en sus procesos de obra pública. Colombia implementó la obligación de brindar información sobre cualquier contrato adjudicado durante la crisis de COVID-19, independientemente del método de contratación utilizado, a través de la página web de Colombia Compra Eficiente e incluyó un tablero para identificar los contratos de emergencia. Por su parte, Paraguay reformó su legislación para que todos los procesos de contratación relacionados con el COVID-19 pasen por los sistemas de información de contrataciones públicas administrados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y se agregó un campo específico en su sistema de adquisiciones, que identifica si una licitación está asociada con la emergencia de COVID-19.

La opacidad en Venezuela  

 En el caso venezolano, la política de opacidad del Estado Venezolano no ha hecho sino avanzar en tiempos de pandemia, hacia la consolidación de un sistema opaco que domina la contratación pública.

De esta manera, mientras el mundo y nuestros vecinos de América Latina se esfuerzan por publicar información en datos abiertos y por abrir la actividad del Estado hacia una mayor transparencia, en Venezuela seguimos sin contar con un portal en línea que concentre todos los procedimientos de contratación pública y a través del cual se pueda obtener información real y actualizada en la materia. De hecho, Venezuela se ubica como uno de los seis países del mundo sobre los cuales no se tiene ningún tipo de información relacionada con contratación pública[5].

Además, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos[6], sancionada en plena pandemia por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, creó un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto, lo cual abarca toda la información relacionada con procedimientos de contratación pública, y con base en esta norma, el Registro Nacional de Contratistas aumentó la opacidad en el acceso a su información[7].

Por ello, el Servicio Nacional de Contrataciones, autoridad técnica en la materia, no ha publicado ningún tipo de información sobre las contrataciones realizadas, a pesar de contar con los informes trimestrales que remiten los órganos y entes contratantes, limitándose entonces la información disponible a las escasas píldoras informativas que en algunas ocasiones recoge la prensa oficial.

Adicional a lo anterior, en otros trabajos hemos abordado el tema de los graves errores e imprecisiones en que ha incurrido desde el punto de vista jurídico el Servicio Nacional de Contrataciones, al recomendar a través de diversas Circulares dirigidas a los entes contratantes, la aplicación de un conjunto de recomendaciones ilegales, en las cuales incluso hace referencia a una modalidad de selección de contratistas inexistente en nuestro ordenamiento jurídico, dejando en evidencia la incapacidad técnica del Servicio Nacional de Contrataciones para regir la materia de contratación pública en Venezuela.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la legalización de la opacidad, junto a la incapacidad técnica del Servicio Nacional de Contrataciones, son sin duda alguna el caldo de cultivo perfecto para siga floreciendo la corrupción en la contratación pública venezolana en tiempos de pandemia, ubicándonos en los escalones más bajos del Índice de Percepción de Corrupción 2021, preparado por Transparencia Internacional.

Reflexión final

La pandemia de COVID-19 ha supuesto importantes retos en materia de lucha contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública. En un primer momento, frente a las pérdidas de vida causadas por un virus que el mundo no estaba preparado para combatir, se privilegió la necesidad de contar con insumos médicos de manera rápida en detrimento de la transparencia.

Sin embargo, una vez los ciudadanos clamaron por el retorno de la transparencia en la actividad del Estado, los sistemas de contratación pública se fueron adaptando progresivamente a esta nueva realidad, realizando los ajustes necesarios en sus sistemas para incluir cada vez más información sobre las contrataciones que se efectuaban para enfrentar la pandemia de COVID-19.

En dichos procesos, muchos países de América Latina se pusieron a la vanguardia, colocando cada vez más información disponible y abrazando los principios de contratación abierta y transparente. No obstante, Venezuela se sumió aún más en la opacidad, reforzando legalmente la reserva y clasificación de la información en materia de contratación pública, lo que, sumado a la inexistencia de un portal web que concentre toda la información en materia de contratación pública, nos ubica en la actualidad entre los países más opacos del mundo, y a su vez, entre los mas corruptos.

Es entonces imperativa una amplia reforma de nuestra legislación, que solo será posible si se cuenta con verdadera voluntad política para deslegalizar la opacidad y la confidencialidad de la información que pesa sobre la actividad del Estado.

[1] Transparency International; Open Contracting Partnership; Hivos; CoST Infrastructure Transparency Initiative; Article 19. «From open to clean contracting: A collective agenda to end corruption in public procurement and infrastructure and support sustainable development», 29 de noviembre de 2017, acceso el 09 de marzo de 2022, https://www.transparency.org/files/content/feature/Clean_Contracting_Manifesto.pdf.  

[2] Ocho países latinoamericanos -entre los que destacan Argentina, Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana- cambiaron sus Leyes para asumir posibles demandas que puedan presentarse contra los fabricantes de las vacunas ante probables efectos adversos graves después de que se ejecuten los planes masivos de vacunación.

[3] Open Contracting Partnership y Spend Network, How governments spend: Opening up the value of global public procurement (Estados Unidos de América, 2020), https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/08/OCP2020-Global-Public-Procurement-Spend.pdf.

[4] Transparencia Internacional, «Corruption Perceptions Index 2021», acceso el 10 de marzo de 2022 https://www.transparency.org/es/news/cpi-2021-highlights-insights

[5] Open Contracting Partnership y Spend Network, How governments spend: Opening up the value of global public procurement (Estados Unidos de América, 2020), https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/08/OCP2020-Global-Public-Procurement-Spend.pdf, p. 18.

[6] Gaceta Oficial N° 6.583 extraordinario de 12 de octubre de 2020.

[7] Providencia N° DG/2020/009 de fecha 13 de octubre de 2020, dictada por el Servicio Nacional de Contrataciones mediante la cual se declara de “Carácter Reservado y de Divulgación Limitada” toda la información contenida en las Bases de Datos de los Sistemas y archivos en poder del referido Servicio, estableciendo además un conjunto de limitaciones en el acceso a dicha información.